La cultura del balazo  Por Gabriela Esquivada

En 22 de los 50 estados de EEUU se puede comprar un arma aun si se estuvo preso por homicidio, pues no piden permiso de portación; o poner como domicilio “Hospital Psiquiátrico José T. Borda, Buenos Aires, Argentina” y salir con un rifle para cazar osos.

Una bibliotecaria jubilada que quiera alquilar un departamento en cualquier ciudad de los Estados Unidos debe pagar un mínimo de 25 dólares para que el consorcio realice su verificación de antecedentes. A quien quiere comprar un arma, en cambio, no se le pide tal cosa: basta una prueba de identidad y por 568 dólares le ponen en sus manos una semiautomática con el paradójico nombre de American Classic Amigo, o una carabina SR-15 si gasta 2.599. Así, alguien inadecuado para tener el índice cerca de un gatillo, como el ex reservista de la Marina y actual contratista, Aaron Alexis, quien oía voces en su cabeza y en vísperas de la masacre de esta semana había denunciado a la policía que lo sometían a vibraciones de microondas para impedirle dormir, puede pertrecharse legalmente, decir “buen día” en una base naval cerca del Capitolio y la Casa Blanca y matar a 12 personas.

La ley de 1993 que exigía la verificación de antecedentes sufrió cambios en 2004, entre ellos el fin de la prohibición a los cargadores de más de diez cartuchos, gracias a lo cual el 8 de enero de 2011 Jared Loughner disparó veinte balazos sin molestarse en recargar contra la diputada demócrata Gabrielle Giffords, quien recibió uno en la cabeza y sobrevivió, a diferencia de otras seis personas que salieron del mitin hacia la morgue.

En 22 de los 50 estados se puede comprar un arma aun si se estuvo preso por homicidio, pues no piden permiso de portación; o poner como domicilio “Hospital Psiquiátrico José T. Borda, Buenos Aires, Argentina” y salir con un rifle para cazar osos, excepto en aquellos estados que restringen la venta… a gente de fuera del estado. Una ley de 1986 prohíbe que el gobierno federal establezca “cualquier sistema de registro de armas de fuego, dueños de armas de fuego, compraventa o distribución de armas de fuego”. Así las cosas, hay pistolas y rifles y carabinas en el 47% de los hogares estadounidenses y el único documento de cada una de las 310 millones de armas que tienen los civiles (contra 4 millones en poder de los uniformados) en un país de 314 millones de habitantes es el registro de venta que hace el vendedor autorizado. Lo cual deja afuera el 30% de las operaciones, ya que estados como Florida no exigen una licencia especial para tal negocio.

Los puntos de venta son tantos como los McDonald’s. Miles de ferias se realizan al año y se anuncian con orgullo, “Muestra de Armas & Cuchillos/Compra-Venta-Canje”, y hasta humor, “Muestra de Armas de Columbus: ¡Compre mientras se pueda!”. En una de ellas, el Tunner Gun Show, se hicieron de un arsenal Eric Harris y Dylan Klebold, autores de la masacre de 1999 en una escuela secundaria (13 muertos y 27 heridos) sobre la cual Michel Moore filmó Bowling for Columbine. También es corriente ver armerías en las rutas suburbanas, que ofrecen “Provisiones militares VERDADERAS” o “Rifles-Pistolas-Escopetas-Municiones”. En una de ellas, Mark Manes, un amigo de Harris y Klebold, les compró una semiautomática. Internet es un venero para el negocio: http://www.impactguns.com/ ofrece membresía gratuita de la Asociación Nacional de Armas (NRA, National Rifle Association); http://grabagun.com/ garantiza una oferta diaria. Los asesinos de Columbine, que se suicidaron luego de la masacre, no compraron nada online, pero estudiaron cómo fabricar las 99 pequeñas bombas que llevaban en sus bolsos.

La buena noticia: en febrero de 2013 no hubo siquiera un tiroteo masivo, aquellos que dejan cuatro o más víctimas. La mala: en lo que va del año en los Estados Unidos hubo al menos 17 tiroteos en los que perdieron la vida 82 personas: enero, 9 muertos en Oklahoma y Nuevo México; marzo, 4 en el estado de Nueva York; abril, 13 en Ohio, el estado de Washington e Illinois; mayo, 9 en Nevada e Indiana; junio, 4 en California; julio, 10 en Florida y West Virginia; agosto, 17 en Texas, Nebraska, Oklahoma e Illinois, y este mes –que aún no termina– 16 en Chicago y en la base naval de Washington.

Por eso la tapa del diario USA Today del día siguiente al ataque de Aaron Alexis a la base naval tenía el título sencillo de “Otra vez”.

El año pasado no fue mejor y todavía se recuerdan dos episodios. El primero continuó la tradición –siempre activa– que se inició en 1764, cuando cuatro nativos de la etnia Lenape entraron a una escuela en lo que hoy es Greencastle, Pensilvania, y dispararon contra el maestro Enoch Brown, quien murió junto a otros 10 niños. Sucedió en diciembre, en Connecticut: después de matar a su madre, Adam Lanza entró a la escuela primaria de Sandy Hook, Connecticut, con una carabina Bushmaster M-4, una pistola Glock y otra Sig-Sauer (dejó en el auto una escopeta de combate Izhmash Saiga-12) y mató a 20 niños y 6 adultos antes de suicidarse. El otro había sucedido meses antes, en julio, cuando se estrenó Batman: el caballero de la noche asciende en Aurora, Denver, y James Eagan Holmes, en vez de llevar pochoclo y gaseosa, entró al cine con un rifle de asalto AR-15 con un tambor de cien balas y dos pistolas Glock y en dos minutos asesinó a 12 espectadores.

Estas muertes masivas opacan la corriente continua de violencia armada que pone a los Estados Unidos al tope de esa estadística mundial, con una tasa de homicidio por bala ocho veces superior a la de países de similar desarrollo. El problema de fondo es la bala cotidiana.

Son los tiroteos entre bandas, como el que sucedió en Brooklyn, Nueva York, en mayo, que dejó a una niña de once años que entraba a su casa paralizada de por vida. (A la fecha, 2.035 soldados murieron en combate en Afganistán e Irán, más unos 400 suicidas al año, mientras que unos 18.000 niños y adolescentes reciben balazos cada año, y algunos mueren.)

Son los episodios de violencia doméstica que se descontrolan, y en vez de un cachetazo, van un par de tiros como este jueves disparó Antonio Feliú en Miami, Florida, contra su mujer, Vivian Gallego, y –ya que le quedaban balas– la hija de ella.

Son los asaltos que empiezan con la intención de llevarse dinero o mercancía y un tercio de las veces terminan con muertos.

Son los temores de inseguridad elevados al delirio, como sucedió el 26 de febrero de 2012 en Sanford, Florida, cuando George Zimmerman, parte de un grupo de vecinos armados que vigila el barrio, mató a Trayvon Martin por encontrarlo intimidante. Creyó ver un arma que el joven negro –un factor a considerar, ya que el homicida es hispano y la antipatía entre ambos grupos es inmensa– no tenía. Zimmerman quedó libre por una ley que habilita la defensa si se sospecha que se va a sufrir daño. Otros 29 estados tienen normas similares.

Nadie está a salvo, de escolares a Martin Luther King, de John Lennon a presidentes. En Estados Unidos hubo once intentos de magnicidio, cuatro de ellos exitosos: Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley y John F. Kennedy, de cuya muerte en Dallas se cumplen este noviembre 50 años.

El lobby de las armas se mueve por la razón obvia: el dinero. Desde 2010 cada año se fabrican en los Estados Unidos casi 5,5 millones de armas –un aumento desde los 4 millones de la década anterior– y la industria representa 31.800 millones de dólares. Sólo Smith & Wesson ganó 412 millones en 2011, triplicando y más los 120 millones que había obtenido en 2004. Pero como queda feo decir que se deja huérfanos por plata, el lobby basa sus argumentos en principios y vapulea la Segunda Enmienda de la Constitución, que dice: “Por ser necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho del Pueblo a poseer y portar armas”. De esa declaración, formulada mucho antes de que Estados Unidos tuviera su desmesurado poder militar de hoy, en 1791, es difícil derivar la virtual falta de regulación que defiende –y no sólo con palabras– la industria armamentista. El argumento delirante –pero usado– de que los ciudadanos deben estar armados para defenderse del gobierno tiene poco sustento. El sistema ataca de otro modo, ya probado, lucrativo y eficaz: elecciones optativas, cerebro apagado por la televisión encendida, educación cara, dieta que garantiza problemas de salud.

Su ariete publicitario, la NFA, llega a extremos como declarar enemigos a personas e instituciones “que han donado dinero, militancia u otro tipo de apoyo directo a las organizaciones antiarmas”. La lista, que se desvaneció de su página de internet en febrero, incluía a la Academia de Pediatría, la Organización Nacional de Discapacidad, varias instituciones científicas y religiosas, zoológicos, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Boyz II Men, Tony Bennett, Ellen DeGeneres, las tarjetas Hallmark, los helados Ben & Jerry’s y las textiles Kenneth Cole y Levi Strauss, entre otros. Ahora debería sumar a Starbucks, que luego de la matanza en la base naval pidió a sus clientes que dejen las armas en casa cuando salgan para el café.

Poco asombra que Charlton Heston, quien murió de demencia degenerativa, presidiera la NFA durante cinco de los últimos años de su vida.

Si alguien elige para sí y se compra un par de zapatos, normalmente es para usarlos. ¿Por qué sería distinto con un arma? Lo más grave que se puede hacer con un zapato es golpear la mesa de las Naciones Unidas (como Nikita Kruschev) o tirárselo a alguien por la cabeza (como le hicieron en dos ocasiones al ex presidente George W. Bush). En general, el daño se limita a ampollas. Lo que hace un arma, en cambio, no se arregla con una curita.

En www.pagina12.com.ar  16/09/13

Economía: TEMAS DE DEBATE: HERRAMIENTAS PARA LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES                                           VERSIÓN ADAPTADA

Tecnologías en el ojo de la tormenta

Análisis sobre el modelo de intensificación productiva que es actualmente dominante en la explotación de recursos naturales, tanto el fracking como la megaminería y los transgénicos. Qué otras alternativas tienen los países en desarrollo como Argentina.

Producción: Tomás Lukin  debate@pagina12.com.ar

Hay otras alternativas  Por Valeria Arza, Anabel Marin y Patrick van Zwanenberg   Investigadores de Cenit/Untref (Universidad Nacional de Tres de Febrero)

Es común escuchar argumentos que defienden el modelo de intensificación productiva que es actualmente dominante en la explotación de recursos naturales (RN) –fracking, megaminería, transgénicos– como único camino para impulsar un proceso de desarrollo. Se argumenta que los países como el nuestro no han llegado a un estadio de desarrollo que haga relevante la preocupación ambiental porque existen otros problemas más urgentes (por ejemplo, la generación de divisas). Si bien se concede que estas actividades no son inocuas para el medio ambiente y pueden estar asociadas a los intereses de grandes corporaciones, se piensa que será posible generar impactos positivos para el desarrollo con buena intervención y regulación pública.

Con una economía altamente dependiente de los RN, no sorprenden estos argumentos pragmáticos: la soja transgénica representa más del 50 por ciento del área cultivada y es imposible ignorar cómo se verían afectadas las cuentas fiscales si se cambiaran las prácticas tecnológicas actuales; de igual manera, corresponde aspirar a mejorar la balanza energética. Pero pragmatismo no justifica dogmatismo. Existen diversas alternativas tecnológicas que podrían promoverse. Tres cuestiones deberían tomarse en consideración.

Primero, el modelo de explotación de RN dominante genera graves problemas económicos, ambientales y sociales de efectos evidentes en la calidad de vida de las poblaciones que conviven con estas prácticas y vaticina un futuro menos auspicioso para el empleo rural, la diversificación productiva, para agregar valor en origen, la soberanía alimentaria, la salud, la disponibilidad de agua potable, etcétera. No es anti-tecnológico criticar algunas tecnologías específicas.

Segundo, existen tecnologías alternativas de producción de RN que superan social y ecológicamente a las establecidas (por ejemplo, energía eólica o producción agropecuaria para mercados diferenciados como la orgánica o agroecológica). Muchas también son viables económicamente o podrían serlo si se apoya su desarrollo. Sin embargo, como muchas veces entran en tensión con las prácticas dominantes (por ejemplo, por el uso de la tierra), no cuentan con el apoyo político y económico necesario para su expansión.

Tercero, la tecnología no puede separarse de las relaciones sociales en las que se inserta, ni de las normativas que regulan su funcionamiento: no es exógena al sistema. Por ejemplo, el modelo de producción de agricultura intensiva no se difundió solamente por las virtudes de las semillas transgénicas, los agroquímicos o los equipos de siembra directa. Su difusión tuvo que ver también con las redes existentes de empresas proveedoras de diversas tecnologías, con su capacidad de lobby, con las leyes de propiedad intelectual, con las regulaciones para la liberación de eventos transgénicos, con los intereses políticos que se crean alrededor de prácticas establecidas, etcétera.

 Se trata de sistemas que combinan elementos técnicos, políticos y socio-económicos que se alinean para producir y reproducir un sistema productivo que funciona bien al menos en algunas dimensiones (es competitivo a nivel internacional, ofrece rentas sustantivas a los agricultores comerciales, genera divisas e ingresos fiscales, etcétera).

Las tecnologías alternativas pueden no “encajar” con facilidad dentro de este sistema establecido. En buena medida dependerá de hasta qué punto se aparten de las prácticas dominantes. Cuanto más se aparten, mayores tensiones se originarán y más resistida será su expansión. Por ejemplo, algunas medidas que podrían favorecer alternativas (como la agricultura orgánica) pueden ser resistidas si desfavorecen a las prácticas establecidas: pensemos el caso de medidas que restrinjan la fumigación aérea, una práctica extendida en la agricultura intensiva. Cabe resaltar que quienes se favorecen de las prácticas dominantes pueden ejercer una influencia mucho más efectiva incluso que las prácticas de representación democrática. Valga como ejemplo el modo en que el gobierno del Chaco reglamentó la ley de uso de agroquímicos, haciendo caso omiso de las distancias mínimas de fumigación allí establecidas.

En suma, resulta ingenuo pensar que la tecnología es neutral e independiente de las relaciones sociales (y de poder), tanto como que será siempre posible regular su funcionamiento en pos del bien común. Algunos impactos negativos no se pueden disminuir o controlar con regulación e incluso las regulaciones viables serán intensamente resistidas por quienes vean amenazados sus intereses.

 Finalmente, el argumento de que existe una única tecnología capaz de impulsar el desarrollo –lo que nos obligaría a estar dispuestos a soportar sus consecuencias negativas es falaz. Existen múltiples opciones tecnológicas con diversas relaciones sociales, económicas y ambientales asociadas. Algunas son superadoras de las establecidas en varias dimensiones, pero no podrán expandirse sin un esfuerzo colectivo de promoción y difusión desde la política pública y la sociedad civil.

Necesidad social  Por Ignacio Sabbatella  Licenciado en Ciencia Política, becario doctoral Conicet - Instituto Gino Germani.

La Argentina se encuentra frente a una encrucijada histórica en cuanto a la definición de una política energética de largo plazo. La expansión de la demanda en el marco del crecimiento económico experimentado en la última década llevó a la crisis final de la reforma neoliberal del sector hidrocarburos. La estrategia privada se asentó en la sobreexplotación de las reservas convencionales descubiertas en gran parte por la YPF estatal y el abandono de la actividad exploratoria. El saldo fue una caída pronunciada de la productividad de los yacimientos de petróleo a partir de 1998 y de gas a partir de 2004. La creciente importación de gas natural y combustibles ha derivado en un déficit comercial energético desde 2011, que reaviva el fantasma de la restricción externa sobre la economía nacional.

La recuperación del control estatal de YPF fue un hito y la nueva gestión frenó el declino de la extracción, pero apenas representa un tercio del mercado de crudo y un cuarto del mercado de gas. En consecuencia, en 2012, la importación de energía implicó 9266 millones de dólares (un 13,5 por ciento con respecto al total de las importaciones) y el déficit fue de 2738 millones de dólares (equivalente al 21,6 por ciento del superávit comercial total logrado en el año).

Los recursos no convencionales se presentan como la gran promesa para recobrar el autoabastecimiento energético, especialmente la formación Vaca Muerta en la Cuenca Neuquina. Se precisan inversiones millonarias y la utilización de la fractura hidráulica en combinación con la perforación horizontal.

Esta nueva modalidad de explotación exige un esfuerzo conjunto entre Nación y provincias para implementar estrictos controles ambientales y establecer un ordenamiento territorial que resguarde a las comunidades locales y a otras actividades productivas.

Por otro lado, hay que señalar que todavía existe un alto grado de incertidumbre respecto de la conversión en reservas de los “recursos técnicamente recuperables” de shale contabilizados por la Agencia de Información Energética de EE.UU. y, además, los cálculos más optimistas ubican la recuperación del autoabastecimiento en 2022. Por lo tanto, la política energética no puede focalizarse exclusivamente en el shale y debería abrirse un abanico de medidas para paliar el déficit comercial. A corto y mediano plazo, atenuar la demanda a través de una fuerte campaña de uso eficiente y racional de la energía a nivel industrial, residencial, comercial y del transporte; y continuar con la quita de subsidios a los sectores más pudientes. A largo plazo, promover la diversificación de la matriz energética hacia fuentes renovables. Un involucramiento estatal más decidido en el sector eólico sería un paso fundamental.

De la misma manera que no es conveniente entronizar la explotación no convencional, tampoco debería ser demonizada. No es adecuado englobar distintas actividades primarias de gran escala bajo el rótulo peyorativo de “extractivismo”; tampoco es adecuado patrocinar acríticamente cualquier modalidad de extracción y tecnología en pos del “desarrollo”. En ese sentido, el fracking difiere, por ejemplo, de la minería aurífera (minería del oro) en al menos dos puntos. En primer lugar, la explotación del shale es liderada por el Estado argentino a través de YPF, mientras que el mercado metalífero está dominado por las grandes mineras transnacionales.

Y en segundo lugar, el petróleo y el gas son bienes estratégicos necesarios para satisfacer no sólo el desarrollo industrial sino también el bienestar de la población en su conjunto. Mientras que una gran parte de la extracción de oro –que ni siquiera se refina en el país– está destinada como materia prima a la producción de bienes suntuarios y como reserva de valor de la banca internacional.

Bajo las actuales circunstancias, el desarrollo no convencional es una necesidad social. En algunos casos, la intransigencia ambientalista no se reduce al fracking sino que se extiende hacia otras fuentes de energía como la hidroeléctrica, cuyo potencial nacional es más que promisorio y permitiría reducir la dependencia fósil.

La crítica coyuntura es una oportunidad propicia para preguntarse energía por qué, para quién y cómo; también para debatir y definir democráticamente cuáles son los umbrales sociales y ambientales que la sociedad argentina está dispuesta a tolerar para sostener las necesidades energéticas del país en las próximas décadas.