Instituto 20 de Junio
5to A
Trabajo práctico
La organización político-territorial argentina

Fecha única de entrega: Jueves 12/04/12


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Artículo publicado en el Diario Miradas al Sur Año 5. Edición número 200. Domingo 18 de marzo de 2012

La refundición de Buenos Aires Por Política politica@miradasalsur.com

Legisladores porteños y diputados nacionales que representan a la Ciudad de Buenos Aires debaten sobre el futuro del subte y el proyecto presentado por el PRO para que el puerto y el juego empiecen a ser administrados por el Gobierno de la Ciudad.


El próximo miércoles se debatirá en el Senado el proyecto de ley que convalida el acta firmada el 3 de enero por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gobierno Nacional. En esa acta, se sabe, el Ejecutivo porteño asumía el control del servicio de subterráneos de la Ciudad. Mauricio Macri quiso dejar de lado el acuerdo luego de la tragedia de Once. Sobre el debate del miércoles, todo indica que el oficialismo ganará con amplitud la votación en la Cámara alta. Esta discusión, sin embargo, es la punta de un iceberg que deja ver sólo una parte sobre la superficie. Debajo del agua hay un debate no resuelto acerca de cuán autónomo debe ser el distrito que es la Capital de todos los argentinos.
Volviendo a la cuestión del subte, el ex jefe de Gobierno y actual legislador Aníbal Ibarra le dijo a Miradas al Sur que “están patrimoniados en la ciudad de Buenos Aires. El activo es de la Ciudad. Valen cerca de 5.000 millones de pesos y están registrados en los estados contables de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase)”. Esta firma se creó en 1963 y terminó de recibir el paquete accionario de los subtes en 1979. Perteneció a la municipalidad porteña y luego, con la autonomía, al Gobierno de la Ciudad. “Cada obra para los subterráneos que hace el Ejecutivo Nacional amplía el patrimonio de la Ciudad. Por eso es que es falso hablar de transferencia. Simplemente, el Estado porteño debe tomar el control de algo que es suyo”.
“Nosotros no decimos que es una transferencia de competencia. Reconocemos que esto ya es de la Ciudad”, le dijo a este medio, respondiendo a la afirmación de Ibarra, el legislador porteño del PRO Martín Ocampo. “Lo que se transfiere es el control del servicio y eso impone condiciones que figuran en la Constitución Nacional, que dice claramente que no se pueden transferir competencias, ni servicios ni funciones, sin los recursos”. El artículo al que se refiere Ocampo es el número 75 inciso dos. Se incorporó en la reforma del año 1994 para evitar que se repitieran transferencias como las que había hecho Domingo Cavallo un año antes de que se aprobara la nueva Carta Magna. En ese momento, el ex Ministro de Economía les pasó a las provincias la educación y la salud públicas sin los fondos que el Estado Nacional asignaba a estas áreas.
“La verdad es que el PRO hace una interpretación ridícula de lo que dice la Constitución”, remarcó ahora la diputada nacional del Frente para la Victoria María del Carmen Bianchi. “El texto constitucional indica que son competencias lo que no se puede transferir sin los fondos. Si la Policía Federal, por ejemplo, pasara al ámbito de la Ciudad, tendría que ser con los fondos, porque ahí se trata de una estructura que es parte del Estado y se financia completamente con fondos públicos. No hay una tarifa de por medio. El subte, en cambio, vive en gran medida de la venta de boletos y además está concesionado a una empresa privada. No se lo puede comparar con la transferencia de las escuelas”.
El contrapunto continuó. Desde la vereda opuesta a la de Bianchi, el diputado nacional del macrismo Jorge Triaca, que habló con este medio, señaló: “Si no transfieren los fondos, parece que se está buscando hacer responsable a la Ciudad de la suba de tarifas. Nos pasan el servicio sin los subsidios para que seamos nosotros los que paguemos el costo político de aumentar el boleto, ya que el Gobierno Nacional quiere acomodar sus gastos y ahora se acuerda de la autonomía”.
“No pueden decir que no tienen recursos para el subte”, retrucó, de modo taxativo, Ibarra. “En su momento hasta endeudaron a la Ciudad y no usaron la plata”. El legislador se refería al préstamo que el Gobierno de Mauricio Macri pidió en noviembre del 2009, que fue de 300 millones de dólares. “Recibieron esos recursos, los dejaron en el banco y después Macri pidió una ley de la Legislatura para poder reasignar los fondos a obras de viaductos –remarcó Ibarra–. Lo hizo porque habían pedido la plata sin tener un proyecto al que aplicarla.”
Esta disputa, como todas, se presta para los análisis que ven intenciones encubiertas tras bambalinas. “La verdad es que a mí me parece que quieren asfixiar financieramente a la Ciudad –dijo Ocampo–. Yo me preguntó: por qué transfieren los servicios que tienen déficit y no el juego que da ganancias.”
Del otro lado, Bianchi remarcó: “El cambio de opinión de Macri, haber firmado y después retractarse, sólo puede obedecer a una especulación publicitaria, pensando en instalarse como candidato nacional. Creo que eso es preocupante para los porteños, que el jefe de Gobierno vea la Ciudad como un trampolín político y no como un distrito para gestionar”.

El puerto, el juego y la Federal

El bloque de diputados nacionales del PRO presentó el miércoles pasado un proyecto de ley para que la Nación le transfiera a la Ciudad el Puerto de Buenos Aires y también el control de las concesiones del juego. Uno de los argumentos esgrimidos por los diputados macristas fue que con los recursos que saldrían de la administración de ambas cosas, que dejan saldo favorable, podrían subsidiar el subte.
La demanda del puerto tiene una carga histórica singular. Se sabe que uno de los motivos centrales de las guerras civiles argentinas del siglo XIX, las disputas entre unitarios y federales, fue por el control del puerto. Se dispara entonces una pregunta que remite a aquella época: ¿El puerto es de Buenos Aires o del conjunto del país?
“No se puede afirmar que jamás se va a transferir –remarcó Bianchi–. Pero lo cierto es que por allí ingresan y salen mercaderías que van a muchísimos puntos de la Argentina y no sólo a la Capital Federal.”
Sobre lo que acaba de mencionar la diputada, algunos números que muestran la envergadura del puerto porteño comparado con otros del país. En el de Mar del Plata, el promedio total de carga es de 6.500 toneladas al mes; en el de la Ciudad, la cifra asciende a 780.000, es decir, unas doce veces más. Si la comparación se hace con el puerto de Rosario, el movimiento de carga del porteño es unas cinco veces mayor. Esta diferencia se explica, en parte, porque por el puerto capitalino, por historia e infraestructura, ingresan y salen más mercaderías para y de todo el territorio nacional.
“Es un debate que tiene que ver con el federalismo –agregó Bianchi–. Me parece imposible ponerlo en pie de igualdad con los subtes. Hay que marcar que ese puerto es del conjunto de los argentinos y no sólo de los porteños.”
“Todos los puertos eran nacionales hasta que Menem los transfirió a las provincias –señaló Ocampo contestándole a Bianchi–. No es que el de Buenos Aires se planteó como competencia federal. Lo que sucedió es que, cuando se hizo la transferencia, la Ciudad todavía no era autónoma, entonces el gobierno de Menem no le vio sentido al traspaso porque era un pase de manos dentro del mismo Estado nacional. Es el único puerto del país que sigue en manos del Gobierno federal.”
Otro tema, cuyo debate lleva más tiempo en el tapete, es el de la Policía Federal. Ibarra sostuvo que “las comisarías tienen que pasar a la Ciudad en algún momento y todo lo que depende de la superintendencia metropolitana”. “El tema –agregó el ex jefe de Gobierno con ironía– es ver si Macri quiere hacerse cargo. Si me baso en la reacción que tuvo con los subtes, me permito desconfiar de que sea sincera su vocación de conducir la Federal. Me parece que prefiere tener la Metropolitana, que en definitiva no asume muchas responsabilidades.”
“Nosotros reclamamos desde el principio la Federal –remarcó Triaca–. Yo creo que tiene que pasar a la Ciudad. Pero mientras esté en manos del Gobierno Nacional, la responsabilidad de la seguridad en la Capital es de ellos.”
Quizá parezca extraño, pero sobre la transferencia del juego parece haber mayor nivel de consenso. “Es algo que se puede llegar a discutir” dijo Bianchi. Y Triaca, por su parte, remarcó: “Queremos que nos lo transfieran, como es en el resto de las provincias”.


El híbrido

La última afirmación del diputado del PRO dispara una pregunta que, en términos institucionales, subyace en toda este debate. La Ciudad, ¿tiene el mismo estatuto jurídico que las provincias?
“La reforma constitucional del ’94 generó para la Capital una nueva categoría. No es una provincia y tampoco un municipio. Es algo así como una ciudad federalizada. Esto, de todos modos, es algo que también ha generado debates en la Justicia, ya que tiene un carácter híbrido”, remarcó Bianchi.
“Históricamente no es una provincia porque su surgimiento como territorio autónomo es posterior a la formación de la confederación”, reconoció Triaca. Pero luego agregó: “Sin embargo, hay una cuestión elemental de igualdad de los ciudadanos. Por ejemplo: los formoseños tienen derecho a elegir un gobernador que maneja su policía. ¿Por qué los porteños no?”.
El artículo 129 de la Constitución Nacional, el que creó la Ciudad Autónoma, es sumamente ambiguo. Garantiza que el jefe de Gobierno se elegirá por el voto de los ciudadanos y que habrá una Asamblea Legislativa también emanada de la voluntad popular. Después aclara que se hará una ley para garantizar los derechos del Estado Nacional mientras Buenos Aires sea la Capital Federal. La norma que finalmente dio esas garantías fue la Ley Cafiero.
“El objetivo de la Ley Cafiero fue garantizar el estatuto específico. Es la enumeración de cómo se salvaguardan los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea también la Capital. Se hizo además una salvaguarda que remarcó que si dejara de ser la sede del gobierno federal, la provincia de Buenos Aires no podría volver a reclamarla. Esto la vuelve un municipio federalizado”, subrayó Bianchi.
Algunos de los puntos de la Ley Cafiero son: “El Gobierno Nacional seguirá ejerciendo su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes”. “El Estado Nacional se reserva la competencia y la fiscalización de los servicios públicos cuya prestación exceda el territorio de la ciudad de Buenos Aires”. “El Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia continuarán en jurisdicción del Estado Nacional”. Todo esto no debería sonar muy extraño. Finalmente, se trata de la Capital Federal, el distrito de los 40 millones de argentinos.

Entrevista a Miguel De Luca. Politólogo

Sobre las autonomías y las capitales latinoamericanas.

El académico analiza los procesos y las tensiones políticas que se dan entre los alcaldes y los presidentes en distintos países.

En todos los países los procesos de autonomía de las ciudades en las que funcionan las capitales son conflictivos”, remarcó el politólogo Miguel de Luca, que habló con Miradas al Sur sobre las tensiones entre el Gobierno porteño y el Nacional por el traspaso del subte. De Luca agregó: “Desde la reforma constitucional del ’94, cuando se estableció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido oleadas con este tipo de tironeos”.

– ¿Por qué?

–En términos concretos, y en varios países del continente, siempre fue complejo definir qué le toca al gobierno autónomo de las capitales. Podemos comparar el caso norteamericano con el argentino. Washington es una ciudad que se creó de cero para que sea la Capital Federal y que el presidente esté alejado de presiones de otras ciudades con mucho peso político como Nueva York.
Washington, por ejemplo, es un distrito independiente pero no tiene representación en el Senado de los Estados Unidos, sus habitantes no votan para esa categoría en las elecciones. Buenos Aires, en cambio, tuvo senadores desde que comenzó su autonomía. En el caso de la ciudad de México, también tiene representantes políticos en el Congreso Federal mexicano. Es el ejemplo más parecido al argentino. En todos estos procesos, las demandas por tener más atribuciones son recurrentes por parte de los gobernantes de las ciudades.


– ¿Cuándo comenzaron los procesos de autonomía de las capitales en América latina?

–Arrancaron con los procesos de restauración democrática, en los ’80. En el caso argentino comenzó a debatirse desde 1983 y en el México con el declive del PRI, en la década del ’90. Pero hay casos como el de Brasil. Allí la solución fue crear una ciudad nueva, de cero, Brasilia. Esto sirvió entre otras cosas para que el poder central no estuviera tan influenciado por el alcalde de Río de Janeiro. En Chile, por ejemplo, la cuestión fue distinta porque la dictadura hizo dividir la capital en 12 alcaldías para que ninguna tenga mucho poder. No hay un intendente de Santiago. Los doce alcaldes que controlan distintas zonas tienen que coordinarse con los otros. Es más parecido a los municipios del conurbano.

– ¿Por qué se producen estas tensiones entre los presidentes y los alcaldes de las capitales?

–En América latina, históricamente, el poder político se concentró mucho en las grandes ciudades. Los primeros mandatarios siempre tuvieron esta doble presión, la de generar un gobernante local elegido por el pueblo y por otro lado que luego ese gobernante se transforme en un potencial competidor. Esto es aún más fuerte en los países unitarios porque no hay gobernadores. Allí ser alcalde de la capital es un trampolín para la presidencia. Es lo que pasó con Tabaré Vázquez en Uruguay.
De todos modos, en los países federales también es una buena plataforma. Es el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, Fernando de la Rúa en Argentina o el propio Mauricio Macri.

–La Ciudad de Buenos Aires está reclamando el puerto. ¿Qué piensa de eso?

–Es un buen ejemplo sobre cómo se entrecruzan las cosas, ya que también es el puerto de la Capital Federal. Hay reclamos de jurisdicción, pero también hay un debate sobre los recursos. Los alcaldes suelen mirar en qué áreas pueden hacer políticas públicas y conseguir más recursos.

– ¿Se puede equiparar el distrito porteño a una provincia?

–Es casi una provincia o si se quiere el jefe de Gobierno es un gobernador en miniatura.

– El artículo 129 de la Constitución del ’94 que crea la autonomía es muy ambiguo en sus atributos. ¿Hay un motivo político para que esto haya sido así?

–Carlos Menem se apuró con la autonomía porque estaba preocupado por la reelección, y sabía que el proyecto era popular entre los porteños. Una vez que ganó impulsó decisiones que limitaban esa autonomía, como la Ley Cafiero. Las cláusulas de la ciudad quedaron muy indefinidas en la Constitución, por eso la Ley Cafiero vino a poner un marco. Los radicales también se habían entusiasmado con la autonomía porteña porque sabían que tenían muchas posibilidades de ganar ese nuevo distrito. De hecho De la Rúa fue el primer jefe de Gobierno electo y luego llegó a presidente.

TP: La organización político-territorial argentina

1) Comparar la postura de los distintos Diputados o Legisladores sobre el traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires.
2) Explicar en detalle que significa la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
3) Enumerar que sucede con la situación de Autonomía en las distintas ciudades del continente americano.
4) ¿Cuál sería su opinión personal sobre el debate en torno a la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires? Fundamentar su respuesta.