2do POL Minería y medio ambiente

Artículo originalmente publicado en el Diario Miradas al Sur del 28/03/10 Páginas 16 y 17.-

Minería y medio ambiente: el desafío del futuro Por Alejandro Giuffrida
VERSIÓN ADAPTADA

A comienzos de marzo, la Argentina consiguió finalmente que el Banco Mundial (BM) habilite un crédito por 30 millones de dólares para impulsar un plan de restitución del medio ambiente que desde hace años camina a paso lento. Se trata del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU), que está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La iniciativa busca paliar la contaminación del último auge de la ruta del uranio que dejó un saldo de casi cinco millones de toneladas de residuos contaminantes, reconocidos oficialmente como un "pasivo ambiental".
Sin embargo, así como se perfila el cierre de un capítulo en la explotación uranífera, que se extendió desde comienzos de la década del 50 hasta mediados de los 90, la Argentina parece a punto de dar vuelta la página y barajar de nuevo. Sucede que, actualmente, una empresa suizo canadiense tiene en sus manos 27 permisos mineros ya otorgados para explotar 179.000 hectáreas donde los inversores esperan ansiosos encontrar decenas de miles de toneladas de uranio. Se trata de Uranio del Sur S. A., la filial en la Argentina de Uranio AG, una compañía transnacional de apenas tres años, con base en Suiza, que tiene sus principales explotaciones en la región de África Central. Desde la CNEA desestiman la posibilidad y aseguran que "no hay ninguna explotación prevista en los próximos años en ningún lugar.
Pero vamos por partes... Desde la segunda mitad del siglo veinte, se extendieron por el territorio nacional ocho centros productores de uranio, que arrojaron una producción histórica de 2,5 millones de kilogramos, de los cuales la mayor parte fueron explotados por terminales operadas por la misma CNEA. Cuando la ola privatizadora arrasó con la actividad, comenzaron a verse los resabios que este mar de uranio dejó sobre la arena. Es decir, más de 4,7 millones de toneladas de residuos dispersos por Córdoba, Mendoza, Salta, San Luis, La Rioja y Chubut.
Estamos hablando de montañas de residuos marginales, toneladas de piedra y tierra estériles, metros cúbicos de lodo, endebles diques de cola, tambores radiactivos y esqueletos de fábricas tan oxidadas como abandonadas. Esos son los "pasivos ambientales" que el Estado reconoce y que busca paliar con el PRAMU, aunque hasta ahora sólo se está trabajando con firmeza en los depósitos de Malargüe, en Mendoza. Este proyecto, que se estima que encontrará un impulso con el recién librado crédito del BM, "apunta a identificar todos los males que la extracción de uranio dejó en el territorio y hacer un plan de trabajo para remediarlos", según precisan desde la CNEA.
Frente a este panorama, la cuestión que sobrevuela es si tiene sentido abrir una nueva ruta uranífera, cuando todavía se desconocen con exactitud los alcances de la contaminación del último auge del uranio, y los años y el dinero que demandará remediarlo.

Como sea, la dinámica de la realidad ya se impuso, dado que Uranio del Sur recibió 27 permisos oficiales, que cubren a las provincias de La Rioja y San Luis, para avanzar en la explotación. De hecho, tres de los lugares que la compañía transnacional planea trabajar ya fueron explotados hasta la década del 80.
A esos permisos declarados hay que agregar los sitios que están en el proceso de exploración sin informar, posiblemente con la complicidad de alguna autoridad del lugar. En la Quebrada de Humahuaca, por ejemplo, el cateo en el cerro no había sido declarado en ningún documento, sino que fueron los mismos vecinos los que se abrieron camino hasta descubrir qué pasaba.
"No hay ninguna explotación prevista en los próximos años en ningún lugar. En algunos sitios en particular se están haciendo cateos, pero eso no quiere decir nada. Todo lo que se encuentre ahora, quizás hasta dentro de diez años no se explota, porque es un trabajo verdaderamente largo", repuso el coordinador del PRAMU, Aníbal Nuñez.

Las vetas abiertas de América Latina

La antigua y casi romántica idea de "perseguir una veta" de mineral dentro de la montaña quedó en desuso frente a las nuevas formas de explotación minera. Actualmente, se utiliza la técnica de cielo abierto, que vino a reemplazar los viejos socavones. Los minerales están dispersos por todo el cerro, por lo que es mucho más “productivo” dinamitar y pulverizar la roca, para luego regarla con millones de litros de agua dulce y unas cuantas toneladas de sustancias tóxicas como el cianuro o el ácido sulfúrico. Así, se logra separa el mineral de la piedra, para luego procesarlo (etapa que generalmente no se hace en el país).
De la minería a cielo abierto se desprenden diferentes problemas. El primero es que usualmente se van formando montañas de escombros que, con los años y los efectos del aire y el agua, terminan por formar un "drenaje ácido" que se filtra en la tierra y en las napas de agua.
El segundo problema es que los desechos tóxicos van a parar a un "dique de cola" que tiene la función de contener los residuos, pero que muchas veces no resiste con entereza los años que se le exige y las filtraciones pueden contaminar tierra, agua y aire en kilómetros alrededor.
El tercero es que en la tierra queda un cráter gigante, que torna improductivas decenas de hectáreas a la redonda.

En Córdoba, por ejemplo, en el yacimiento de cielo abierto de uranio Los Gigantes, quedaron abandonados cientos de miles de toneladas de residuos, cuando se interrumpió el trabajo del complejo minero en 1989. En la CNEA estiman que la "reubicación de colas" (es decir, desechos) demandaría unos "27 viajes diarios durante 8 meses, con camiones de 15 toneladas de capacidad", para finalmente trasladarlas a un territorio donde poder procesarlas sin riesgo.

Voces de la CNEA

Aníbal Núñez coordinador del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU) y Roberto Kurtz coordinador adjunto.

-¿En qué etapa se encuentra actualmente el PRAMU?

-El Proyecto contempla ocho sitios a remediar. En Malargüe (Mendoza) es donde más estamos trabajando, porque ahí hubo una fábrica de dióxido de uranio y quedaron como pasivos ambientales unas 700 toneladas de cola, es decir el sobrante después de extraer el uranio de la roca.Esos residuos lo estamos reubicando dentro del mismo predio para evitar la contaminación subterránea y la emisión de gases. El trabajo hasta 2009 lo estuvimos haciendo con recursos propios; el Estado invirtió siete millones de dólares en los últimos años. La ingeniería ya esta hecha, está aprobada por el gobierno de Mendoza y por la autoridad nuclear.

-Los avances desde la creación del Proyecto, en 1998, no parecen demasiado significativos, considerando que ya pasó más de una década.

-Nosotros consideramos que sí son significativos. En el proyecto de Malargüe, con fondos propios, casi hemos realizado el 30 por ciento de la obra. En dos años y medio el encapsulado de las colas de mineral va a estar terminado. Además, hay que tener presente que de 1999 al 2002, fue poco lo que se hizo, porque no había financiación para estas obras. El trabajo fuerte comenzó recién en 2003.

-¿Cómo cambia el panorama a partir de la aprobación del crédito del Banco Mundial?

-En primera instancia, de esos 30 millones de dólares, que tienen un vencimiento a 30 años, a Malargüe le van a corresponder 17 millones. Eso nos va a permitir, a partir de una licitación que estimamos hacer este año o a comienzos del próximo, la terminación total de la obra, con un plazo de tres años de trabajo. Además, durante 2010 vamos a seguir avanzando sobre los análisis en Los Gigantes y Córdoba Capital, que están asociados. Hay que determinar si se trasladan las colas si se acondicionan en el propio predio. En los otros sitios estamos haciendo ingeniería, pero tienen un impacto menor.

-¿Los residuos que se buscan procesar, ya generaron una contaminación activa en la zona?

-No. La CNEA monitorea constantemente los lugares y tenemos la seguridad plena de que no hay contaminación activa. Sí hay zonas impactadas y que son las que van a ser remediadas.

-¿Cuándo se estima que comenzarán las explotaciones en La Rioja y San Luis por parte de Uranio del Sur S.A.?

-No hay ninguna explotación prevista en los próximos años en ningún lugar. En algunos sitios en particular se están haciendo cateos, pero eso no quiere decir nada. Todo lo que se encuentre ahora, quizás hasta dentro de diez años no se explota, porque es un trabajo verdaderamente largo.

- ¿Pero los permisos otorgados a Uranio Sur no auguran una explotación en los próximos años?

-Nosotros no tenemos esa información. Sabemos que CNEA está haciendo cateos en La Rioja, pero no hay un plan de explotación para ninguna región en los años que vienen.

-¿Y en la Quebrada de Humahuaca también se estuvieron realizando cateos de uranio?

-No tenemos información al respecto.

Quebrada radioactiva

A Gaspar no se lo contó nadie. No lo leyó en un estudio geológico, ni necesitó el informe académico de una prestigiosa universidad para aprenderlo. Antonio Gaspar, de 56 años, sabe cuánto contamina la minería a cielo abierto porque trabajó en una de ellas durante años. De aquellos tiempos conserva las cicatrices y marcas que hoy transporta en su cuerpo. Y lo sabe también porque su padre falleció en la misma mina El Aguilar de la que él heredó el reumatismo y la artritis que hoy interrumpen su siesta.
Antonio Gaspar Ramos vive en Juella, a siete kilómetros de Tilcara, en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Junto a los otros 149 habitantes de Juella, Gaspar se alió con los vecinos de la Quebrada para impedir que se instale Uranio del Sur S.A., que intenta explotar el uranio que duerme en los cerros amarillos de la zona.
"Si se instala una mina a cielo abierto, los 500 metros alrededor de la zona de explotación se van a transformar en un cráter gigante o, en el mejor de los casos, en un desierto", explica Gaspar. Lo cuenta sentado en la vereda de su casa, a menos de 200 metros de donde comenzaría la explotación...
Juella no figura en el mapa del circuito turístico, aunque está en el corazón de la Quebrada.
Como está a dos kilómetros de la Ruta 9 para adentro, Juella casi ni distingue entre temporada de alto y bajo turismo. Pero allá por junio de 2008 sus habitantes notaron algo raro en el pueblito: por las mañana pasaban unas camionetas 4x4 que recién regresaban entrada la tarde. Sus pasajeros no parecían turistas; ni fotos tomaban. Hasta que una mañana, dos artesanos de la comunidad decidieron detener a una de esas camionetas para saber quiénes eran. El vidrio empañado apenas si se abrió, lo suficiente para que una mano anónima entregara una tarjeta de presentación: "Uranio del Sur S.A. - Lic. Juan Guillermo Orozco". Así fue como los habitantes -primero de Juella y después de toda la Quebrada- se enteraron de las exploraciones de Uranio que la empresa suizo-canadiense estaba haciendo en su territorio.
Los vecinos de Tilcara comenzaron con las asambleas, las reuniones con funcionarios y finalmente las marchas que impulsaron la ordenanza de la intendencia de Tilcara que prohíbe "la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto".
El rechazo anticipado de Tilcara a la minería adquiere mucho más sentido cuando se analizan los resultados que arrojó la actividad en localidades cercanas. En Abra Pampa, el principal poblado de la puna jujeña, el 81 por ciento de los niños de entre cinco y doce años presenta un altísimo nivel de plomo en sangre, superando por mucho los valores aceptados internacionalmente, provocado por residuos mineros que duermen en el pueblo desde hace décadas.
En la localidad de Casa Grande, a pocos kilómetros de la mina El Aguilar, la situación no es mucho más alentadora: el pozo de agua de la escuela del pueblo muestra 50 veces más plomo que el correspondiente y, aunque aún no se realizaron estudios en los niños, se estima que el panorama no distará mucho al de Abra Pampa.
En uno de los últimos informes de impacto ambiental "la misma empresa minera reconoció que generó cierto grado de contaminación en el Río Grande, sumado a la contaminación del aire", según asegura Remo Leaño, uno de los habitantes de Tilcara que más radicalizado se mostró en contra de la instalación de la mina de uranio. Años atrás, un estudio supervisado por el CONICET había demostrado ya altos niveles de plomo e hierro en las cuencas y subcuencas de la zona.
De acuerdo con un relevamiento de Vecinos Autoconvocados de Tilcara, entre la zona de la Puna y la Quebrada jujeña, las comunidades aborígenes realizaron hasta ahora ocho denuncias penales por contaminación minera.

Con el mineral en el horizonte

El afianzamiento de la actividad minera en la Argentina es parte de una planificación estatal a largo plazo que pocas veces se pone en duda desde el seno político. Los lineamientos mineros están claramente definidos en el Plan Estratégico Territorial, que pauta los horizontes de desarrollo argentino hasta 2016, como una herramienta de crecimiento económico y, principalmente, como una importante fuente laboral para las provincias del centro y norte del país.
Sólo en 2010, se estiman que estarán en funcionamiento (en sus diferentes etapas) más de 160 proyectos mineros, diseminados a lo largo de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. La actividad ha de ser verdaderamente prometedora, porque únicamente así se explica que ya estén radicadas más de 70 multinacionales dispuestas a aprovechar los resultados del auge del mineral.
Dadas las condiciones, es muy posible que la temática "minería" tome un papel preponderante en el debate político de cara a los próximos años. El choque parece ineludible. El plan oficial de profundizar la explotación de minerales corre en dirección contraria al creciente rechazo de la población a esta actividad. Los medios de comunicación masiva no reflejan aún ni un tercio de la efervescencia que ya se palpita en muchas localidades del interior, levantadas desde hace años en contra de la radicación de nuevas minas

En www.eco21.com.ar 26/04/10

Jujuy. Inédito fallo contra la explotación minera

El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy (STJ), máximo órgano judicial de esa provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala, al avalar un pedido de amparo contra la explotación de uranio en la Quebrada de Humahuaca.

La sentencia hace hincapié en el principio precautorio -ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba. Es decir, las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios, sino que el Gobierno y las empresas tienen que aportar evidencias de que la actividad extractiva no afecta el entorno.
“Esto cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante,al diario“Página 12.La letrada consideró además que existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la minería. Sin embargo, -dijo- siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. “El STJ, en cambio, fue totalmente innovador y pionero”, evaluó.

La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado la solicitud de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal cuestionó duramente a los jueces de primera instancia y les ordenó que revean el caso.