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El ADN de la discordia Por Eduardo Anguita 22-11-2009

Se cayó un muro construido entre militares y civiles para mantener la impunidad sobre delitos imprescriptibles. Con la aprobación por parte del Senado del derecho a extraer una muestra de ADN cuando hay presunción de identidad cambiada en hijos de desaparecidos se dio un paso decisivo. Transcurrieron muchísimos años para que este proyecto llegara a ser tratado en el Congreso, pero el resultado fue de 57 votos a favor y uno solo en contra. A partir de ahora cualquier juez va a contar con una herramienta legal para ordenar que se obtenga una muestra genética cuando se presuma que alguien fue víctima del delito de supresión de identidad. La ley faculta al magistrado para instruir que se le saque un pelo o una gota de sangre a esa persona y también establece una modalidad más suave, como es la de valerse de un peine o una prenda íntima para evitar que un enfermero tome contacto directo con esa persona. La norma supone, con cierta lógica, que si una persona vivió toda su vida sin saber que cuando tenía pocos días o meses fue apropiada tiene una resistencia psicológica fuerte a enterarse de cuál es su origen. Máxime si, durante años, sus apropiadores asumieron que debían engañarlo y naturalizar un hecho aberrante.

Las Abuelas de Plaza de Mayo insistieron con el hecho de que esta ley tiene una razón de ser que trasciende los casos particulares. Y es así. Cuando el juez español Baltasar Garzón tipificó los delitos de terrorismo de Estado y genocidio en Chile y Argentina debió fundarse en la legislación penal internacional. De no haber podido encuadrar los crímenes de esos años en territorios lejanos a España, no habría podido actuar. El delito de genocidio tiene una serie de pactos internacionales que permiten actuar más allá de la expiración del tiempo y de la distancia. Por ejemplo, un homicidio, tomado en forma individual, para la mayoría de los códigos penales no puede ser instruido pasados 20 años de cometido. Y tampoco podría ser objeto de una instrucción extraterritorial. Fue muy arduo para Garzón encontrar los argumentos que le permitieran explicar que la Argentina fue objeto de un genocidio. Porque, claro, comparado con la cantidad de muertes probadas de masacres como la Shoá o el genocidio armenio, lo ocurrido en estas tierras podía ser considerado el exceso de una dictadura latinoamericana. Pero Garzón pudo probar que hubo un plan sistemático desde el Estado “para exterminar a un grupo nacional, religioso o social”, tal como se define en principio el genocidio. Y una de las razones de peso esgrimidas –con la participación inestimable de juristas como el argentino Carlos Slepoy y el español Carlos Castresana– fue que la apropiación de los hijos de militantes por parte de los represores constituía un intento de genocidio. Porque el objeto era impedir la descendencia de los militantes a los que se secuestraba y se exterminaba al margen de la ley. Abundan los ejemplos en la historia en los cuales el exterminio del enemigo incluye, como botín de guerra, la apropiación de sus descendientes.

El proceso de Madrid, como puede denominarse al trabajo de Garzón, fue una pieza importante para que la sustracción de menores quedara fuera de los indultos de la época menemista. Muchos recuerdan que, por esos años, el espía Guillermo Patricio Kelly tenía un programa en ATC y solía dedicarles muchas de sus tribulaciones (surgidas de las cuevas de los servicios de inteligencia de entonces, que eran los mismos que participaban de los crímenes en los setenta) a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. A la directora de Clarín le molestaba enormemente que el tema se meneara en el canal estatal y se estableció un vínculo entre el CEO del grupo, Héctor Magnetto, y los operadores menemistas Eduardo Bauzá y César Arias para que terminara el ciclo de Kelly. Menem pidió, a cambio, el fin del ciclo radial (en Mitre) de Liliana López Foresi, que denunciaba a diario al entonces presidente.
Esa historia, pequeña, es sólo una pieza más del edificio construido para mantener ocultas las identidades de los supuestos –hasta que la Justicia determine– hijos de desaparecidos. Es cierto que esta ley no se hizo para los hijos adoptivos de Herrera de Noble. Pero también es cierto que ella –y el directorio del grupo– trabajaron muy duro para evitar que les extraigan una muestra de ADN a Felipe y Marcela Noble (o como se llamen en realidad), y fijaron, de esa manera, una doctrina que se extendió a todos los nietos buscados. Aplicaron el criterio del monopolio: lo que no es bueno para nosotros, no es bueno para nadie. Esta semana, en el Senado, Ernestina se quedó sola. Ni los radicales ni los socialistas ni los peronistas disidentes la acompañaron. Apenas el salteño vinculado a la última dictadura Juan Pérez Alsina votó en contra de la norma.

El Congreso trató esta ley junto con otras dos, que son imprescindibles para que se avance en la restitución de identidad de los 400 nietos que buscan las Abuelas. Una es que las organizaciones de derechos humanos puedan presentarse como querellantes ante un juzgado para pedir que se determine si tal o cual persona puede ser, en verdad, hijo o hija de desaparecidos. Esto es importante porque no siempre los abuelos o tíos pueden presentarse. Y porque, como se supo con el caso de Martín Amarilla Molfino, el último nieto recuperado, ni sus familiares sabían de su existencia. La otra ley es la de crear el Banco de Datos Genéticos en la órbita del Estado nacional. Hasta ahora funcionó en el Hospital Durand y muy bien. Pero depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y éste es un tema demasiado serio para dejarlo en manos de un Mauricio Macri que quiso hacer que la seguridad de los porteños descanse en el ahora encarcelado Jorge el Fino Palacios.

Por estas horas, Felipe y Marcela Noble estarán pensando en que está cercano el momento de conocer su verdadera identidad. Ojalá muchos jóvenes, además de ellos, puedan recuperarla. Es una deuda que tenemos con sus padres biológicos. Porque fueron militantes que creyeron en un mundo mejor y porque durante 26 años se mantuvieron muros para evitar que sus hijos puedan rendirles el tributo que se merecen, al tiempo que sus apropiadores vayan a la cárcel, que es donde tienen que estar.

2DO POLIMODAL
DESARROLLO REGIONAL

En Diario Miradas al Sur del 29 de junio de 2008 Suplemento AE (Argentina Económica) Año II, Número 41 páginas 2 y 3.- VERSIÓN ADAPTADA

Desarrollo regional: industrializar las zonas subdesarrolladas para la integración y la calidad de vida

Se requieren políticas de inversión pública y de promoción, que apunten a un plan de desarrollo más parejo en todo el territorio.

Por el Ingeniero Bernardo Tirelli, presidente del Movimiento Jauretche de Profesionales y Empresarios (MOJAPE)

Casi se puede afirmar que después de muchos años de sujeción de ideas extrañas se recuperó un pensamiento y un valor cultural propio, aceptado por todos los sectores, sin exclusiones, o sea por el conjunto del pueblo, que expresa, nada menos, que la Argentina no merece ni debe tener un solo pobre. Los conflictos y los debates continuarán para enfocar cómo debe lograrse este objetivo, con temas no menores como son el rol del Estado, de las instituciones y organizaciones de la sociedad, especialmente las vinculadas a la producción y el trabajo y, sobre todo, de la acción política, ausente de estos grandes temas en las últimas décadas.
Eliminar la pobreza implica abordar el desafío del desarrollo social. Esto supone disponer de una visión de país y reconocer dos cuestiones centrales: claridad sobre las causas del atraso social y el estado de situación del que se parte. Implica establecer los mecanismos para reconstruir un Proyecto Nacional, con participación de todos los actores políticos y sociales, en una visión de futuro donde lo primero que se pone en juego es la escala de valores. Por eso el desarrollo económico, medido como crecimiento con su indicador tradicional el PBI, es insuficiente no sólo para explicar objetivos sino para justificar y resolver las causas del atraso social.
El concepto de desarrollo involucra cambios cualitativos que, además de acumulación de capital endógeno, mayor productividad e incorporación tecnológica, permitan la creación de una estructura productiva de características propias superando la desarticulación y la sujeción y dependencia derivadas de la concentración y extranjerización que supone que las decisiones se toman fronteras afuera.
Un sistema de este tipo implica un esfuerzo deliberado, por encima de las leyes de mercado, que inicie un proyecto histórico donde las fuerzas sociales participantes resultan protagonistas del cambio social. Supone que el aprovechamiento de coyunturas históricas favorables pueden ser aprovechadas para que los cambios estructurales producidos no sean revertidos cuando éstas disminuyan o desaparezcan.

EL ORO INCA.

La de los Incas fue una civilización muy avanzada que construyó carreteras, levantó puentes y aseguró la alimentación de millones de individuos con vastos cultivos de maíz (el oro verde) y papas. Las llamas eran las encargadas de transportar las cargas y caravanas de mensajeros, comerciantes y militares recorrían los empedrados caminos del inca, ruta segura para el transporte que contaba con numerosos tambos que eran los lugares donde viajeros y animales podían reposarse para luego seguir avanzando.
En muchos lugares del imperio se trabajaba el oro, una gran parte de ellos se perdió porque cuando se produjo la conquista española fueron fundidos por los vencedores para ser enviados como lingotes a España.
¿Fue la pérdida del oro a manos de los españoles –estos a su vez lo perdían en los mares por la acción de la piratería inglesa- lo que derrumbó al imperio Inca? El oro no tenía valor de cambio para los incas, sino religioso, y su derrumbe se debió a que perdieron su principal valor que era el trabajo. Y lo perdieron porque fueron sometidos como esclavos por la fuerza y el uso de ventajas tecnológicas y de conocimientos que ellos no disponían: barcos y brújula para el transporte, papel para las comunicaciones y manejo de hierro y de la pólvora para las armas y las corazas que, entre otros factores, volcaron la balanza a favor del dominio español. Otras historias de imperio y colonización siguieron hasta hoy permitiendo la transferencia de la fuerza de trabajo y la acumulación de capital a los centros de poder.
Una medida de esta transferencia lo da observar la producción de acero, que por sus características mecánicas y costo sigue siendo un material de ingeniería excelente.

Las economías industriales desarrolladas tienen un consumo aparente per cápita anual, de entre 300 y 600 Kg. La Argentina logró su máximo consumo histórico de 180 Kg. per cápita en el año 1975.En aquel entonces la República Popular China tenía un consumo de 40 kg. per cápita. Hoy China consume 290 Kg. per cápita.
A partir de 1976, con el plan de desindustrialización del Ministro de Economía Martínez de Hoz, se llegó a consumos ínfimos como los de 42 Kg. per cápita en 1985 y 50 Kg. per cápita en el 2002.
En el año 2006, la República Argentina alcanzó los 136 Kg. per cápita, es decir todavía no volvió al nivel de 1975. Y además, hoy no existen una variedad de productos de alto consumo de acero como rieles para ferrocarril, locomotoras, vagones para ferrocarril y subterráneo, perfiles pesados para la construcción, material para la defensa, torres de alta tensión, auto-partes, así como una diversa línea de productos electrónicos como televisores, equipos de comunicación, grandes motores eléctricos, electrodomésticos diversos, máquinas-herramientas, bienes de capital diversos y otros, que sí se producían en 1975.
Por eso lo que caracteriza a la fortaleza de un pueblo o Nación no es la cantidad de reservas que acumula sino las capacidades nacionales de trabajo y producción, su soporte intelectual y de conocimiento, el nivel de autonomía para tomar decisiones, su cultura, autoestima e identidad. El eje de una política de desarrollo pasa por fortalecer y recuperar estas capacidades.

TERRITORIOS DESIGUALES.

La herencia de tantos años de gobiernos con políticas demo-liberales ha sido de una profunda desigualdad social que se verifica también en los territorios. Esta desigualdad fue facilitada por una acción deliberada de anulación del rol del Estado a favor de los denominados procesos de globalización. Así surgió el concepto de desarrollo local que, en este contexto, significó la vinculación directa entre centros locales de desarrollo- sin intervención política y económica del Estado Nacional- con los centros económicos globales.
Es el caso de la producción de limón en Tucumán cuya exportación se vincula a la necesidades de la empresa Coca Cola, ya que el jarabe de limón es base de su producción. No se trata de negar el mercado y no aprovechar las oportunidades de colocación de productos sino de ser actores protagónicos en ese proceso. Porque en el libre juego de mercado las zonas no elegibles por intereses exógenos se vuelven inviables. A la inversa se puede observar el caso de Alemania que sigue invirtiendo cientos de miles de millones de euros en Alemania del Este, a partir de su reunificación, sin ninguna explicación que pueda ser respondida por el mercado; aquí el interés nacional ha estado por encima.
La ausencia de políticas de desarrollo profundizó una clara contraposición entre regiones, la zona avanzada tiene la forma de una media luna, una franja de mayor dinámica, el arco del MERCOSUR: entre San Pablo – Río de Janeiro (ciudades globales); Curitiba, Montevideo (centro administrativo del MERCOSUR), Buenos Aires (ciudad global); Rosario, La Plata, Mendoza (ciudades puerta) y Santiago de Chile – Valparaíso. El paso de esta franja por territorio argentino reposiciona a la región nodal de la Pampa en el triángulo Córdoba – Santa Fe – Mar del Plata y que, apoyado en los puentes Zárate – Brazo Largo y Punta Lara – Colonia, integran la franja sud – sudeste y por cierto el Plata. Esta franja con procesos de centro adosará al sur o al norte áreas de periferia y de semiperiferia.
El resto del país es considerado región sin desarrollo, cuya característica principal es la de la carencia de industrias de valor agregado a bajos niveles de infraestructura adecuados para la producción y la logística, precariedad en el empleo, procesos de expulsión de población- la década del 90 midió dos millones de migrantes contra la mitad de la anterior-, casi nula atracción de inversiones productivas y de investigación y desarrollo, duplicación en el norte de los niveles de pobreza y ausencia de población en el sur.
A su vez, la concentración económica se radica en ciertas zonas geográficamente concentradas, convirtiendo a éstas en atractivas para nuevas inversiones, provocando el crecimiento a velocidad ampliamente superior al resto del país y cuyo inevitable resultado son nuevas desigualdades geográfico sociales que profundizan las ya existentes en un movimiento sistémico que sólo puede romperse por un actor externo a los intereses del mercado.
Es fácil advertir en población y actividades las grandes asimetrías existentes, lo que exige una necesaria política de desarrollo regional. Es un gran desafío para el futuro, ya que las tendencias de mercado profundizan las desigualdades y, por lo tanto, es necesaria una acción dirigida desde el Estado que oriente y permita este nuevo ordenamiento.
O sea, una política de corrección de desequilibrios para la construcción de una nación integrada, más igualitaria, más justa para todos sus habitantes, superando la fragmentación y la precariedad social.

HACIA EL EQUILIBRIO REGIONAL.

Debe haber un plan integrado de desarrollo regional e integración territorial. Se requieren políticas de inversión pública y de promoción para alentar inversiones aprovechando la diversidad regional, mejorando la competitividad, promoviendo la conservación del patrimonio natural y cultural, consolidando la cohesión económica y social y propiciando las iniciativas locales sin dejar de lado todo lo referente a la infraestructura en sus múltiples aspectos, energéticos, vías de comunicación y transporte, vivienda y medio ambiente. El desarrollo regional debe estar basado en tres pilares: agricultura y ganadería intensiva, agroindustria, elaboración y procesamiento de los productos primarios obtenidos y turismo, lo que no es excluyente de otras actividades industriales.
De modo que el planeamiento estratégico territorial no puede estar guiado por la recolección de una lista de demandas sino por la lista de problemas. Veamos un caso.
Hace cinco años la Federación de Arroceros reclamaba –fundamentado en la devaluación y consecuentes mayores costos- subsidio para el gasoil con que alimentaba las bombas con que se inundan los campos. Loa campos arroceros están en Corrientes y Entre Ríos donde, por ley, los saldos de la venta de energía de la presa de Salto Grande deben invertirse en la Mesopotamia, y que mejor que hacerlo en electrificación rural que disminuiría los costos de producción de arroz. Fueron cinco años sin una ni otra, entonces termina siendo más fácil la demanda de subsidios que ahorran ineficiencias de ejecución. En esta lógica el Estado ausente renuncia a su rol transformador; la corrección en estos días, donde se acaba de anunciar el plan de electrificación, tal vez sirva de ejemplo para incentivar a la inversión pública como sustento de la actividad productiva e industrial.
No existen promociones industriales por conceptos que parten de dos errores: uno considerar que la actividad productiva, en esas zonas, existiría igual sin la promoción y el otro que los fondos destinados a promoción son costos no inversiones. Nunca ha sido tenido en cuenta, por las autoridades nacionales, el recupero en impuestos y en cargas sociales que genera cada proyecto productivo. A esto se agrega que las Provincias están con nula capacidad propia, para corregir las diferencias generando desarrollo, por su carencia de ingresos superavitarios. Resolver esto implica la aplicación de recursos que bien orientados permitan las inversiones necesarias para el logro de los objetivos mencionados.
No se puede hacer una ordenación en lo local si no hay un marco de política de desarrollo que defina grandes orientaciones, diseñe un escenario global u orientaciones directrices para que las provincias trabajen en la ordenación a través de una eficiente gestión territorial. Un plan nacional de industrialización con enfoque territorial debe tener en claro la lista de problemas para enfocar la solución considerándolos a todos y cruzarlos horizontalmente de modo que la solución de alguno no implique el agravamiento de algún otro. En definitiva se trata de aumentar la producción, generar empleo de calidad, radicar población, reducir la pobreza, mejorar nuestra perspectiva de defensa y hacer más viables las economías y finanzas provinciales con más recursos disponibles para las áreas sociales y de infraestructura.
Atender lo urgente no debe impedir hacer lo importante, que es adoptar las soluciones duraderas planificando el futuro, modificando los aspectos estructurales que impiden el desarrollo. El desarrollo regional no es posible por el libre juego del mercado, debe ser una política de Estado, de un Estado presente que combine las iniciativas y la actuación local con la concepción de Nación Sudamericana.